Ahora un lugar común es la desaparición de la clase media y del "Estado del Bienestar", o del "American Dream" estadounidense. Lo que para algunos nos estaría retrotayendo a la dialéctica marxista de la lucha de clases y la necesaria redistribución de la renta basada en la falacia de que el juego económico es de suma cero (si unos no tienen es porque otros les han quitado su parte de la tarta, que es la suma total de la riqueza existente o creada).
Sin embargo, este análisis cuantitativo, nos habla de cuanto se compensa a cada actor social y nada nos dice del cómo y por qué son compensados cada uno de estos actores.
La teoría libertaria nos sigue hablando de clases en la sociedad pero la divide en al menos dos o tres: la económica, la política y la pretoriana. Las ideas que expongo no son mías y son una paráfrasis del artículo que he encontrado en la interesante web libertaria de Lew Rockwell. Son ideas que ya se encuentran en las obras de Murray N. Rothbard y otros libertarios, pero que están expresadas de un modo muy claro en el artículo al que me refiero y parafraseo en esta entrada, firmado por Pete Kofod.
La clase económica sería lo que se conoce también como sector privado. Aquel conjunto de personas que libremente y de modo voluntario ofrece productos y/o servcios que otras personas adquieren voluntariamente en un mercado regido por la oferta y la demanda. Capital, recursos empresariales y humanos se coordinan de modo espontáneo para cubrir la necesidades demandadas por el mercado.
Según este punto de vista, lo que define la pertenencia o no a esta clase no es la cantidad de dinero o riquezas que acumule cada actor implicado como su participación en un mercado libre y abierto. Empresarios y empleados que producen y venden sus productos y servicios a otros particualares o empresas conformarían la clase económica o productiva de un país. Esta clase ha sido la mayoritaria proporcionalmente en aquellos países económicamente más avanzados y potentes del mundo.
La clase política sería lo que se conoce también como sector público. Al igual que la clase económica su pertenencia de clase no viene definida por la cantidad de ingresos que perciben, sino por el modo en que lo obtienen. Mientras que la clase económica obtiene su riqueza en los intercambios libres y voluntarios de los mercados abiertos, la clase política utiliza la coerción y el engaño para obtener sus objetivos económicos. Estos engaño y coerción puede hacerse de modo directo o de modo indirecto a través de gente apoderada para ejercerlos.
La estratificación de la clase política incluye, obviamente, y en primer lugar a los ladrones y asaltantes ocasionales que uno se puede cruzar cualquier día por la calle. Pero en cuanto a importancia, por su sistematicidad en su expolio, hemos de incluir a quienes dan nombre a su clase, a los políticos, sean estos cargos electos, por designación o por lo que en países capitalistas avanzados no se entiende bien, por oposición.
Dentro de la clase política tenemos que incluir no sólo a todo el funcionariado, subclase de por sí en los países europeos del Bienestar del Estado (que no viceversa), sino toda una clase de lobbyes y empresas que cabildean en las esferas del poder para lograr prebendas, privilegios y subvenciones otorgadas por los diferentes estratos de la clase política: desde bancos que financian campañas políticas a cambio de rescates multimillonarios cuando entran en pérdidas, a grandes empresas o sectores productivos asociados en forma de cartel que amenazan con lanzar al paro a miles de trabajadores si no logran una subvención pese a dedicarse a actividades que dejaron de ser rentables o productivas, a toda clase de asociaciones que viven a costa del erario público como el sindicato de la patronal, los sindicatos estatales que dictan la legislación laboral, la Iglesia católica y en menor medida otras confesiones religiosas de España, asociaciones de todo tipo con agendas políticas muy determinadas y que reciben dinero público mediante subvenciones y contratos públicos (feministas, antiabortistas, ecologistas, industria petrolera y del gas, gays, asociaciones y colegios religiosos concertados, ONGs, empresas y empresitas a las que compra y contrata la administración mediante enchufe, dedo y comisión, etc.).
En países que en realidad nunca pasaron de países en vías de desarrollo, este suele ser un sector hiperdimensionado. En España se calcula que más del 50% de la actividad comercial del país está dominada de modo directo o indirecto por el sector público. Si una empresa privada ejerciera dicho porcentaje de la actividad económica de un país, ¿qué opinaríamos? ¿Por qué deberíamos considerar diferente el oligopolio o monopolio del estado?
Curiosamente, vemos que los miembros de esta clase política suelen moverse siempre entre estos tres subgrupos: los políticos en sí y funcionarios, los lobbys, cabildos o grupos de presión, y las empresas que viven de contratas públicas, generalmente sin ofrecer un producto o servicio realmente demandado por el sector privado. Todos los casos de corrupción que observamos en España se producen aquí. Poca gente, sin embargo señala el origen de la misma, que no es tanto moral o ética, sino estructural. Del mismo modo que la humedad hace proliferar los champiñones, los presupuestos públicos abultados generan corrupción. Porque la primera corrupción es el presupuesto público abultado, la sustracción a clase productiva y desviación de los recursos que serían mejor aprovechados en consumo, ahorro e inversión por la clase económica. Una superficie seca, soleada y aireada no enmohecerá nunca, como unos presupuestos públicos pequeños, ajustados y transparentes harán muy difícil la corrupción.
La ineficiencia subsidiada, la destrucción o impedimento a la creación de activos y la confiscación de la propiedad son sólo algunos de los efectos perniciosos de la clase política ejercidos por la fuerza sobre la clase económica. En resumen, el poder de negociar pasa del comprador, en el caso de la clase económica, al vendedor, en el caso de la clase política. Como se puede imaginar esto crea toda clase de dislocaciones de recursos e incentivos perversos en las empresas que deberían regirse tan sólo por la voluntariedad de entrar en los mecanismos de los mercados libres sujetos a la oferta y la demanda, y no por las distorsiones que crean los dictados de la clase política. Conforme la economía, gracias al trabajo, ahorro e inversión de una población creciente y las nuevas tecnologías han incrementado su productividad, las intervenciones de la clase política en todo el mundo han ido creciendo del mismo modo, pudiendo afirmar que los mercados total o relativamente libres son una excepción comparados con los intervenidos por los poderes públicos.
Dado que este intervencionismo en la clase económica no se da buen grado, no es voluntario, sino forzado, la clase política necesita que buena parte de su gasto vaya hacia una serie de agencias y organismos regulatorios, confiscatorios que implementen por la fuerza sus objetivos. Estos organismos encargados de llevar a cabo la violencia estatal serían una cuarta subclase de la clase política, aunque, como bien señala Pete Kofod, su desarrollo ha sido tal, al menos en los Estados Unidos, que considera que nos encontramos ante una tercera clase autónoma, la clase pretoriana.
La clase pretoriana, como se puede imaginar, está compuesta por todas las fuerzas de seguridad y orden público, así como el ejército, incluido el ministerio de "defensa" y todos los cuerpos funcionariales encargados de la implementación forzosa de la ley (inspectores de hacienda, fiscales de estado, funcionarios de prisiones, servicios sociales y de tutela de menores, etc.). Su función principal es el mantenimiento del orden y funcionar como fuerza o presencia intimidatoria en las relaciones de la fuerza política con la clase económica.
Conforme la clase pretoriana asciende en importancia en la sociedad, el mensaje que se transmite, aunque sea de modo tácito, es que todas las actividades que suceden en la clase económica se producen bajo su consentimiento o permiso. La clase pretoriana goza por esta razón de una gran autonomía puesto que tiene el monopolio legítimo o legal del uso de la violencia y es el encargado de la ejecución de todas las normas, leyes, regulaciones dictadas por la clase política o por sí misma en los ámbitos cada vez maoyores en los que alcanza autonomía.
Los miembros de la clase pretoriana suelen reclutarse dentro de su ámbito natural de socialización -la misma familia- o en los estratos más bajos de la sociedad, dándoles la oportunidad de acceder a unos recursos que, de otro modo, les hubiera sido difícil lograr por medios económicos o políticos. En el proceso de entrenamiento e indoctrinamiento se hace énfasis en el bienestar colectivo y se desincentiva el pensamiento independiente o la crítica, reforzando las estructuras jerárquicas típicas de una cadena de mandos. Esta socialización crea un grupo compacto, con una identidad propia que, a jucio de Kofod presentaría las siguientes características:
- Ver a todas las personas conforme a una posición o grado de amenaza real o potencial. Es decir, una visión conflictiva de la realidad, lo que predispone a la acción violenta.
- Una socialización tendente a ser cerrada y endogámica entre ellos y sus familias.
- Se considera la lealtad como el mayor honor. Esto lleva a que el corporativismo tienda a tapar y cubrir los errores o deslices de los compañeros de armas, la justicia se imparta de modo interno.
Aunque en las sociedades relativamente pacíficas y prósperas la clase pretoriana lleva una vida discreta como un subgrupo dentro de la clase política, conforme la clase política se vuelve más y más voraz, surgen los problemas de orden público y se requiere más y más su presencia y visibilidad.
Esta visibilidad y creciente preponderancia cumple la función de que la clase política pueda demostrar a la clase económica la decisión de llevar a cabo sus objetivos de un modo más visible. Se le conceden privilegios y facilidades para ellos y sus familias.
Otro cambio de esta visibilidad sucede en el cambio de los uniformes, cada vez más oscuros e intimidantes en sus complementos de uniforme combate: cascos, guerreras, chalecos antibalas, protecciones, botas militares, armas, galones o placas. Todos estos atributos sirven para reforzar su aspecto fiero y distintivo y mantener una intimidación de baja intensidad, lista siempre a ser de mayor en cuanto la ocasión lo permita. Aunque Kofod se refiere al caso estadounidense, la tendencia a una mayor militarización de los cuerpos de policía se observa igualmente en España, donde cuerpos locales como los Mossos d'Esquadra o la Ertzainza, o la Policía Nacional y hasta municipal, crecientemente pueden verse con uniformes antidisturbios por las calles.
Conforme la influencia de la clase pretoriana sube, así lo hace el tanto por ciento de recursos que consume. En equipamientos, transportes, entrenamientos, relaciones de colaboración entre cuerpos distintos. La prueba de esto en España se ve en que el nuevo gobierno de Rajoy, pese a los recortes de gastos y subidas de impuestos anunciados, ha congelado la oferta pública de empleo en todas las categorías menos en las de seguridad pública e inspección de hacienda y no ha tenido reparos en gastar casi millón y medio de euros en botes de humo y gases lacrimógenos según se lee en los anuncios del BOE del 31 de diciembre de 2011.
Como la ociosidad es mala consejera, estos cuerpos están siempre en busca de enemigos reales o potenciales o ejercitando sus habilidades marciales en entrenamiento. Para Kofod, Estados Unidos estaría en estos momentos desarrollando esta clase pretoriana a niveles peligrosísimos, no ya para las zonas invadidas por sus tropas, sino para la propia ciudadanía americana (2012 National Defense Authorization Act y el control sobre los medios y la voces críticas, incluída la libertad de internet con la excusa de los derechos de autor). El gasto militar se ha disparado en las últimas tres décadas y es buena parte del gasto brutal que está poniendo la economía de los Estados Unidos en solfa. En Europa, al ser territorio ocupado tras la segunda guerra mundial, nos obligaron a deshacernos de buena parte de nuestros ejércitos coloniales para desarrollar los mecanismos internos de control de la población mediante el Hiperestatismo que se ha dado en llamar el Estado del Bienestar. Pasamos de ser países colonizadores a países (auto)colonizados.
El caso de España tiene sus características particulares, porque no hizo falta la intervención de ningún ejército extranjero en principio. Franco mandó el ejército colonial español contra su propia población para asegurar los privilegios de la clase pretoriana. La intervención de las fuerzas internacionales perdedoras de la segunda guerra mundial (comunistas y fascistas) y la posguerra, sólo dejó allanado el camino para los pactos de Franco y Eisenhower para establecer bases militares americanas en nuestro suelo soberano, y converger, antes y tras la muerte del dictador, con el resto de la Europa socialdemócrata en un proceso guiado por la CIA y la socialdemocracia alemana (el amigo Brandt y su fundación Friedrich Ebert) a través de Su Majestad el Rey. En 1975, perdimos nuestras últimas colonias a favor de otro socio preferente de los estadounidenses, Marruecos, y nuestro número de funcionarios creció desde entonces un 100% cuando nuestra población sólo aumentó en menos de un tercio, nuestra industria se desmanteló y nuestro crecimiento se vinculó al sector servicios, al ladrillo y la paella aparejados al turismo. El proceso de convergencia con la CEE, luego UE, y el desarrollo autonómico sólo ha hecho reforzar la pérdida de soberanía nacional de este país intervenido y autocolonizado que todavía algunos llaman España y que se ha convertido en la Florida de los Estados Unidos de Europa: naranjas para exportar y jubilados del norte buscando horas de sol y vida barata.
Kofod encuentra esta creciente militarización de la sociedad, especialmente de la norteamericana, preocupante y, por analogías históricas con el Imperio Romano y el Tercer Reich Alemán, la interpreta como una señal de debilidad o decline civilizatorio, como crisis que pagará bien caro la población civil. Por eso hace una llamada de alerta a la clase económica para que identifique cuales son los hitos de esta creciente militarización, y cuales son los puntos de no retorno, para que en la medida de lo posible los resista o desactive antes de su realización o tome medidas para su autoprotección. Las señales de una eventual pérdida de riqueza, libertades personales y hasta vidas humanas que afecten a todos ya se están dando.
Estamos ante un nuevo colapso estatal propiciado por el gasto inasumible que la clase política y pretoriana están comprometiendo a costa de la clase económica. El malestar y la inestabilidad es creciente y sólo harán reforzar las dinámicas hacia la jerarquización autoritaria para controlar las protestas. Sólo hay un camino hacia la paz y la prosperidad y pasa por desmontar el Hiperestado, la estructura que crea y sostiene a las dos clases parásitas, y no por reforzarlo con más impuestos, gastos, déficit y deuda públicos.
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